En contextos críticos y de emergencia, el papel del Estado
es fundamental como garante de los derechos humanos, debiendo actuar de forma
oportuna, coordinada y con un enfoque centrado en la dignidad humana.
Esto implica diseñar e implementar políticas públicas que
prioricen la protección de los grupos más vulnerables, asegurando el acceso
equitativo a servicios básicos, información clara y mecanismos de participación
ciudadana.
El Estado tiene la responsabilidad de incorporar el enfoque
de derechos humanos en todas sus acciones, respetando los principios de
legalidad, igualdad, transparencia y rendición de cuentas, aun en situaciones
excepcionales donde se pueden ver comprometidas libertades civiles o
económicas.
Por su parte, la sociedad civil cumple un rol complementario
y esencial como vigilante, promotora y ejecutora de acciones que fortalecen la
protección de los derechos humanos desde lo comunitario.
Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos,
movimientos ciudadanos y redes locales aportan conocimiento del territorio,
canalizan las demandas de la población afectada y pueden colaborar directamente
en la implementación de políticas públicas, especialmente cuando la
institucionalidad estatal se ve desbordada o debilitada.
La articulación entre Estado y sociedad civil, bajo un
enfoque de corresponsabilidad, resulta clave para garantizar respuestas más
integrales, inclusivas y sostenibles ante la crisis, promoviendo así una
cultura de paz y solidaridad en la reconstrucción del tejido social.
En el módulo sobre El papel del Estado y la
sociedad civil en contextos críticos y de emergencia se profundizará sobre diversos
mecanismos de respuesta gubernamental ante contextos críticos y de emergencia,
con énfasis en las estrategias de articulación estatal con sectores de la
sociedad civil y de cooperación.
Los expertos tomarán
como referencia algunos casos nacionales particulares, donde se explorarán
diferentes formas de vinculación institucional y comunitaria que permitan
construir respuestas integrales y participativas, con foco en poblaciones
potencialmente vulnerables en dichos contextos: mujeres, infancias, personas
con discapacidad, pueblos originarios, migrantes, entre otras.[1]
Walter
Trejo Urquiola, considera que la
articulación entre el Estado y la sociedad civil no solo es pertinente, sino
indispensable en los contextos críticos y de emergencia. Cuando los
derechos humanos se ven amenazados por crisis políticas, desastres naturales,
pandemias o conflictos sociales, se requiere una respuesta colectiva que
trascienda la lógica vertical del poder y reconozca el papel protagónico de las
comunidades organizadas.
Las organizaciones de la sociedad civil poseen un
conocimiento territorial invaluable, una cercanía directa con las poblaciones
más vulnerables y una capacidad de respuesta flexible que puede complementar y
potenciar la acción institucional del Estado.
En este sentido, trabajar juntos significa construir políticas públicas con enfoque de
derechos humanos desde la corresponsabilidad, reconociendo que la
defensa de la vida, la dignidad y la justicia social no es tarea exclusiva de
los gobiernos, sino de toda la sociedad.
La cooperación efectiva entre ambos actores permite
visibilizar necesidades, garantizar la transparencia, fortalecer mecanismos de
participación y generar mayor legitimidad en las decisiones que se toman en
momentos de alta tensión social. Solo en la medida en que se consoliden estas
alianzas estratégicas, será posible responder de manera integral y humanitaria,
y avanzar hacia una verdadera cultura de paz sustentada en la defensa activa de
los derechos humanos.
Mayor información: catedradelapazula@gmail.com
[1]
Dossier POLÍTICAS
PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS CRÍTICOS Y DE EMERGENCIA
(2025) Mercosur. Páginas 1-8
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