Celebramos
la iniciativa de elaborar un Plan Nacional en Derechos Humanos, recomendación
hecha durante el Examen Periódico Universal de Venezuela ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011 y que había sido rechazado reiteradamente
por el Estado venezolano. Esta rectificación representa una oportunidad que puede
contribuir a desarrollar una cultura de Derechos Humanos en Venezuela.
Luego
de la revisión preliminar al Plan Nacional propuesto, consideramos que en
función de cumplir con el objetivo de impactar efectivamente en la defensa y
protección de los Derechos Humanos de la población venezolana, es
imprescindible se incluyan en el mismo los principios establecidos en los
estándares universales de protección de Derechos Humanos aceptados y
legitimados por el Estado venezolano en razón de todos los pactos suscritos y
ratificados en la materia. Los tratados internacionales de Derechos Humanos son
parte integral de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
fueron ratificados por la voluntad popular en la oportunidad del referendo
constitucional.
El
propósito de construir un enfoque alternativo no exime al Estado de
apegarse a los esquemas y compromisos legales vigentes al respecto. La
declinación del Estado a estas obligaciones generalmente conduce a violaciones
o restricciones indebidas de los Derechos Humanos, y conlleva legítimas
oposiciones por parte de las personas y organizaciones, sanciones a los
responsables y debidas reparaciones a las víctimas. En este sentido, el Plan,
para ser reconocido en materia de Derechos Humanos, amerita incorporar en su
contenido los compromisos asumidos por Venezuela en esta materia. Los Derechos
Humanos están protegidos internacionalmente, tienen un carácter absoluto y
superior a las leyes y a los sistemas políticos, culturales y económicos, y son
universales, principio omitido en el referido plan.
Por
otra parte esta propuesta de Plan Nacional, al ser redactada sin una amplia
participación de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país,
deja de lado un elemento fundamental del proceso que es la consulta exhaustiva
—no una encuesta— en tanto que la extensión de la temática obliga a que se
produzcan intercambios con diferentes voces que expresan convergencias o
conexiones que garantizan un enfoque integral. Esta omisión por parte de la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entidad
responsable por la propuesta, deja de lado la participación de la sociedad
civil. Consideramos que sin dicha participación esta propuesta es excluyente y
contradice el sentido de cualquier Plan de Derechos Humanos violando el
derecho fundamental a la participación.
Igualmente
llama la atención que no es la Defensoría del Pueblo quien lidera el diseño de
este Plan. La Defensoría del Pueblo es la institución que debería
responsabilizarse por el proyecto de un Plan Nacional de Derechos Humanos
coordinar las acciones de consulta con la sociedad civil e incorporar las
propuestas que vienen de las organizaciones que históricamente han trabajado
por la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Venezuela.
Para
realizar estas acciones, la consulta pública de 45 días es claramente
insuficiente para incluir a los diferentes sectores del país y en efecto
incluir las propuestas, de forma y fondo, para armar un Plan Nacional que
responda a las necesidades del contexto venezolano y situarse a la
vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos
humanos como prioridad de su acción política.
Finalmente,
este Plan de Derechos Humanos requiere de un contexto propicio para su
discusión y posterior implementación, que amerita decisiones impostergables como
la apertura del diálogo político que incluya diferentes visiones, la revisión
de la situación de los presos políticos, la derogación de la resolución 008610,
el retiro de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos
por parte de Venezuela y el cumplimiento de las sentencias y medidas
provisionales y cautelares que ha dictado el Sistema.
Ante
esta situación, las organizaciones de Derechos Humanos agrupadas en el Foro por
la Vida, realizamos las siguientes propuestas:
·
Incluir
en este Plan Nacional las recomendaciones ofrecidas por los diferentes
organismos del Sistema de Naciones Unidas en los diferentes exámenes —EPU,
CEDR, CDN, CEDCM, CAT, CDESC y CDCP[1].
·
Incorporar
los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos incluidos en
los tratados internacionales firmados y ratificados por Venezuela.
·
Ampliar
el lapso de consulta a nueve (9) meses para incluir los aportes de los
diferentes sectores y presentar una propuesta que responda a esta
participación.
·
Incorporar
al Sistema de Naciones Unidas,
a través
del mecanismo de Asistencia Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos, al proceso de consulta y redacción del Plan Nacional de
Derechos Humanos.
·
Considerar
experiencias exitosas en la elaboración de Planes Nacionales de Derechos Humanos
para incluirlas en el proceso venezolano.
·
Conformar
un equipo multidisciplinario e independiente, integrado por defensores y
defensoras de derechos humanos de reconocida trayectoria en el país, de
diferentes visiones y corrientes, para que coordine el proceso de consulta y
propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Suscriben:
Acción
Ciudadana Contra el SIDA, Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos UCAB, Centro
de Derechos Humanos UCV, Cofavic, Justicia y Paz, Justicia y Paz Los Teques, Espacio
Público, Provea, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
[1] Examen Periódico Universal, Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos del Niño,
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, Comité
contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
Comité de Derechos Civiles y Políticos.
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